EL GRUPO PROMOTOR DE CARTAGENA PIENSA SE HA SUMADO AL MANIFIESTO DE APOYO A FERNANDO VALLADARES Y A TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES QUE SUFREN ACOSO
El Grupo Promotor del proyecto Cartagena Piensa, programa público de pensamiento y cultura científica de Cartagena se ha adherido al manifiesto que distintas organizaciones y personas han suscrito en apoyo al investigador del CSIC Fernando Valladares y a otras personas y entidades (https://bit.ly/4hJxK0B) con motivo de la campaña de acoso y amenazas en redes sociales y en otros medios de que son objeto por su denuncia de las consecuencias del cambio climático y otros procesos de degradación ecológica, que se han exacerbado con motivo de la reciente DANA que ha asolado zonas de Valencia y otras regiones.
Es hora de romper el silencio frente a estos grupos negacionistas y sus actitudes violentas que cada día son más activos, y de salir en defensa del trabajo riguroso de científicos, asociaciones y entidades que vienen suministrando información contrastada sobre los crecientes riesgos que el cambio climático supone y sobre la insuficiencia de las respuestas de los estados al mayor desafío de la humanidad en estos momentos.
Cartagena Piensa ha tenido muy presente desde su creación hace ocho años, la centralidad de la crisis ecológica como uno de los principales asuntos públicos que necesitan información y conocimiento para crear la conciencia ciudadana necesaria para impulsar las políticas públicas que son fundamentales para mitigar el cambio climático, reduciendo emisiones y adaptando a las sociedades a la nueva realidad que el calentamiento global supone, y que vemos ahora trágicamente reflejadas en episodios como la reciente dana, que cada vez serán más frecuentes y más intensos, como ha venido advirtiendo la comunidad científica.
Las campañas negacionistas y retardistas son un peligro añadido por cuanto intentan retrasar o evitar la adopción de las medidas que pueden detener esta deriva. Además, las actitudes amenazadoras, insultantes y de acoso, junto a la desinformación, son inaceptables y entran en colisión con nuestra legalidad democrática, con el respeto que merecen nuestros científicos y las personas y entidades comprometidas, y con el derecho constitucional a la información veraz (art. 20 de la Constitución Española)»